26 Septiembre 2014

El fracaso del prohibicionismo en el mercado de la marihuana

Francisco Masías, Estudiantes de Historia UFT

Las consecuencias del uso de drogas en la salud de los seres humanos han llevado a la sociedad a controlar dicho consumo, lo que a su vez ha generado una economía ilegal con severas consecuencias. La actual estrategia prohibicionista para enfrentar el fenómeno de las drogas ilícitas, dominado por las políticas represivas y punitivas, ha sido un fracaso, agravando las consecuencias negativas, tales como el aumento en el consumo adolescente, el hacinamiento penitenciario y la marginación social que hace imposible la rehabilitación. 

 

 

 

Al mismo tiempo, el fracaso de dicha estrategia ha generado un nuevo debate en torno a la posición que deben tomar los gobiernos en este tema. Por ello es que hoy en día, y siguiendo el nuevo espíritu que se ha desarrollado en la región, en Chile se discute sobre las ventajas y desventajas de regular el uso y consumo de la marihuana. El debate se ha instalado con fuerza en la agenda pública, especialmente tras las últimas campañas presidenciales, y es necesario dar a conocer una aproximación del problema.

Según el Informe Anual 2011 de ONUDD, en el año 2010 alrededor de 230 millones de personas consumieron alguna droga ilícita en el mundo. Esto representa aproximadamente 5%  de la población mundial, del cual cerca del 80% fueron usuarios de marihuana[i]. Es importante destacar que el 24% de los consumidores de marihuana a nivel mundial se encuentra en el continente americano. Dentro de esta proporción, el uso de marihuana en Norteamérica alcanza el 10,8% de la población; mientras que en Centro y Sudamérica alrededor de 2,4%[ii].

La Organización de los Estados Americanos en su último informe sobre el problema de las drogas en el continente americano entiende por marihuana como una preparación de la planta de cannabis sativa usada como psicoactivo y, por alguno de sus consumidores, por sus efectos terapéuticos[iii]. La cannabis sativa, o marihuana, tiene como compuesto activo al tetrahidrocannabinol (THC), que afecta la regulación de las emociones, memoria, atención, control de la atención y la percepción[iv]. No hay duda que el consumo intenso de marihuana incrementa la probabilidad de que se presenten síntomas psicóticos, depresivos y conducta suicida[v]. Por otra parte, la investigación indica que las alteraciones cognitivas producidas por esta droga podrían ser reversibles una vez que la persona deja de consumirla, aún así, otros estudios demuestran que el consumo intenso durante la adolescencia puede producir cambios persistentes[vi]. Aunque no está exenta de daños potenciales y está asociada con riesgos mayores si se consume en la adolescencia, la evidencia científica disponible señala que es una droga asociada a una menor mortalidad en comparación con otras sustancias, incluso lícitas[vii], como por ejemplo el alcohol, principal factor causal de más de 60 tipos de enfermedades y lesiones, además de ser responsable de aproximadamente 2,5 millones de muertes en el mundo cada año[viii]. Este es uno de los planteamientos más básicos por los grupos que defienden y exigen una regulación en el mercado de la marihuana. Más adelante ahondaremos más en este tema.

La mayoría de la población mundial no utiliza drogas; entre quienes llegan a probarlas, solo un pequeño grupo las seguirá usando regularmente; y solo una minoría desarrolla patrones de uso nocivo y de dependencia[ix]. Es posible definir tres etapas en el consumo de drogas:

  • El uso experimental. Una droga es consumida para probar sus efectos y después de pocos eventos de uso,  es abandonada.
  • El uso regular o social. Se continúa usando la sustancia después de haber experimentado y su consumo se integra al estilo de vida habitual.
  • El uso nocivo. Definido por la OMS  como un patrón de uso que causa daño, ya sea mental o físico.

- Abuso y consumo perjudicial. Patrón de consumo de una sustancia psicoactiva que causa daño a la salud. El daño puede ser físico (como el caso de la hepatitis por la auto administración de sustancias psi- coactivas inyectables) o mental (por ejemplo, en los episodios de tras- torno depresivo secundario a una ingestión de masiva de alcohol). La transición de una etapa a otra comprende un amplio espectro de posibilidades, combinaciones y resultados”[x].

            Los investigadores de la epidemiología social han cuestionado los enfoques anclados únicamente en la responsabilidad del sujeto, insistiendo en la necesidad de una perspectiva más amplia que incluya el contexto social y cultural. Estos enfoques unidimensionales son en los que principalmente se basan las estrategias prohibicionistas, los que no logran solucionar el problema sino que todo lo contrario. Por ello es que se han determinado también diferentes niveles de peligro en los cuales algunos factores globales toman gran importancia: como el nivel de desarrollo, la urbanización, la inclusión/exclusión social, la disponibilidad de las drogas y de armas, el índice de delitos y de los grupos organizados y la presencia policial. Por otra parte, y desde la perspectiva de los actores individuales, toman relevancia aquellos en relación a los trastornos emocionales o de aprendizaje; los relacionados con el ambiente familiar y la condición social[xi]. Tomar en consideración los diferentes elementos y factores que interaccionan en los problemas derivados de la drogadicción es vital, por ello es necesario modificar la estrategia prohibicionista actual.

Existe una importante dificultad para regular el mercado de la marihuana. Las variaciones de rendimiento, de las que depende de la calidad de la marihuana, así como el cultivo bajo techo, han modificado significativamente el comercio, haciendo de la fiscalización una tarea imposible sin el total compromiso político y gubernamental[xii]. Relacionado a ello, las características propias del mercado de las drogas, refiriéndose a su calidad de ilegalidad, contribuyen significativamente a dificultar su fiscalización, ya que existen fuertes incentivos para ocultar las sustancias y actividades en torno a su venta, transporte y consumo. De hecho, los informes del Observatorio Chileno de Drogas advierte siempre de los márgenes de error al momento de cifrar la cantidad de marihuana incautada en relación a la total circulante, la cual se obtiene en base a especulaciones[xiii]. Esto termina por entorpecer las medidas que puedan tomar el Estado y distintas organizaciones tanto para combatir el tráfico de marihuana como también los intentos de maximizar los beneficios de la rehabilitación.

Chile no es ajeno a esta situación. De hecho la “Ley N° 20.000”, conocida también como Ley de Drogas, establece las penas para el tráfico de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilícitas. Entre ellas se encuentra la marihuana, considerada en Chile como una droga capaz de producir dependencia física o síquica, además de ocasionar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud. La Ley 20.000 sanciona a quienes elaboren, fabriquen, transformen, preparen o extraigan sustancias de este tipo, así como también quienes tengan en su poder elementos, instrumentos, materiales u otros equipos comúnmente destinados a su elaboración. Según su artículo octavo, si una persona planta, cultiva o cosecha sin autorización plantas del género cannabis (cáñamo o marihuana) se arriesga a multas entre 40 y 400 UTM (entre $1.680.000 y $16.800.000 pesos) y prisión de tres a 20 años. Si esa persona demuestra que la tenencia de la planta es para consumo personal y para el corto plazo, la pena será la misma que para el consumo drogas en la vía pública, que podría incluir multas de 1 a 10 UTM ($42.000 a $420.000 pesos aprox.), servicio comunitario, asistencia obligatoria a programas de prevención o rehabilitación[xiv].

Una de las principales razones de quienes defienden la actual posición prohibicionista de la marihuana es la hipótesis de que la marihuana es una puerta de entrada a otras drogas. Si bien es posible observar un patrón común en el uso de las sustancias: el consumo de alcohol y de tabaco antecede al consumo de marihuana y este, a su vez, precede el de otras drogas ilícitas como la cocaína y la pasta base[xv], gran parte de los usuarios de las denominadas drogas “suaves” nunca llegan a consumir drogas “duras”. Existen hipótesis alternativas que focalizan el consumo en factores como el acceso a sustancias a temprana edad[xvi] o, como vimos anteriormente, a elementos inherentes al individuo relacionados al entorno que lo rodea, que incluso pueden llegar a ser tan o más importantes que el consumo de marihuana inicial para explicar el consumo de drogas más fuertes[xvii].

Por otro lado, quienes abogan por una legalización de la marihuana basan sus argumentos en fundamentos comparativos como por ejemplo el caso del tabaco. Es interesante considerar este ejemplo, ya que las investigaciones científicas arrojan claras evidencias que con mayor regulación y compromiso se puede reducir el consumo de una sustancia y disminuir los daños asociados a ella. De hecho, la creciente conciencia pública frente a los riesgos del consumo ha llevado a que en algunos países, por ejemplo en Chile, la ciudadanía haya presionado para el diseño y aplicación de nuevas medidas que limitan los espacios en donde se permite el consumo[xviii]. Dado que en general los daños para la salud y los riesgos de adicción que ocasiona el cannabis y sus derivados no son peores, y algunos afirman menores[xix], que los vinculados por el tabaco y el alcohol, su regulación debería seguir las mejores prácticas aprendidas de la regulación de estos, como que los productos legales de cannabis estén sujetos a control de calidad en la producción y en los puntos de venta; que el consumo debe estar gravado para maximizar el ingreso fiscal que arroje el mercado; y que debe estar prohibido en lugares públicos; que la autoproducción deba estar permitida bajo ciertos parámetros; que exista un registro de productores comerciales no solo para fines de control de calidad, sino que para evitar el desvío de producción hacia usos ilegales y comprobar la legitimidad de su producción frente a organismos de seguridad del Estado.

Uno de los efectos negativos más importantes de las políticas prohibicionistas es el aumento de la violencia en países como México, Honduras y Guatemala. Un estudio del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), de Colombia, concluye que Latinoamérica padece de una “adicción punitiva” en la legislación, especialmente en relación a las drogas, que hace que sea “más grave” contrabandear cocaína a fin de ser vendida a alguien que quiera consumirla, que violar a una mujer o matar voluntariamente al vecino”[i]. Como muchas de las legislaciones sobre drogas no diferencian entre quienes las venden en la calle, venden y comparten entre sus amigos y conocidos, y quienes pertenecen a redes de grandes narcotraficantes, muchas personas son condenadas a penas máximas o enviadas a prisiones de máxima seguridad por delitos menores[ii]. Por otro lado, las precarias condiciones carcelarias de la región hace que estos espacios no sean adecuados para la rehabilitación, en cambio, muchas terminan convirtiéndose en escuelas del crimen, en donde personas que ingresan por primera vez por delitos menores entran en contacto con miembros de grupos organizados y al salir son reclutados fácilmente.

Además, en algunas ocasiones los esfuerzos para controlar las drogas han sido asociados a violaciones de los derechos humanos y libertades individuales. E en el caso de los consumidores, problemas como el hacinamiento carcelario y el tratamiento obligatorio ejercen, sin lugar a dudas, presiones indebidas sobre los derechos humanos[i]. La represión y la criminalización han contribuido a sobrecargar los sistemas judiciales y penitenciarios, generando además un alto costo fiscal no solo debido al mantenimiento de los reclusos, sino que también por la pérdida de su potencialidad laboral. Si tomamos en cuenta que el daño se expande también hacia las familias y tendrá repercusiones en el tiempo, también el sector público se hace cargo cuando es necesaria la asistencia social en aquellos grupos, intensificando aún más la situación. La ilegalización es un gran problema en todo ámbito. En la medida que el consumo de drogas esté penalizado o estigmatizado, los sujetos más vulnerables al consumo se ven inhibidos de recurrir a la información oportuna, servicios de salud pública y programas de prevención y tratamiento. Las estrategias prohibicionistas terminan por ocultar la drogodependencia en lugar de hacerla transparente y abordable de manera oportuna, evitando el deterioro personal, familiar y comunitario[ii].

Los últimos años se ha establecido prácticamente un consenso mundial en discutir alternativas más efectivas frente a la producción y comercio de la marihuana, debido a las consecuencias que ha causado la estrategia prohibicionista a nivel mundial. De hecho, en 2012 y luego de largas discusiones políticas, se puso en práctica el uso recreativo de la marihuana en los estados de Colorado y de Washington, en Estados Unidos[iii]. Incluso, The New York Times, considerado por muchos como el diario más influyente del mundo, se manifestó a favor de la legalización de la marihuana, comparando las leyes federales contra la cannabis con la prohibición del alcohol que en la década de 1920 enriqueció a la mafia[iv]. En la misma línea, José Mujica, actual presidente de Uruguay, desde 2010 encabezó la política de apertura que terminó en la legalización de la marihuana en Uruguay. El presidente de la Junta Nacional de Drogas de dicho país precisó que "el mercado ilegal es de mucho riesgo y mala calidad" y que el Estado va "a ofrecer un lugar seguro para comprar, un producto de buena calidad y, encima, lo va a vender al mismo precio"[v].

Ya se ha hablado de algunos de los efectos negativos del uso de drogas. Por ello, el primer objetivo con la regulación es reducir los daños causados por ese consumo, pero, sobre todo, el que generan las políticas prohibicionistas actuales con la ilusión de eliminarlo con bajo el alero de un mundo libre de drogas. Según esta lógica, el Estado actúa como agente represor, perseguidor, estigmatizador y castigador, arrinconando al consumidor y empujándolo a la marginalidad. Allí el consumo continúa, pero oculto, desinformado y bajo los peores efectos del vicio. Bajo este escenario, todos los esfuerzos de rehabilitación y de apoyo se anulan, silencian e ignoran. De esta forma, el prohibicionismo, negar el consumo y creer que la adicción puede solucionarse por medio de la fuerza han llevado a los aumentos del consumo desinformado y a los consumidores hacia un espacio donde no son efectivas las políticas públicas[vi].

Es necesario enfrentar el consumo de drogas con un enfoque de salud pública. El cambio fundamental en esta materia es considerar al consumidor como una víctima, un adicto crónico, y no como un delincuente o cómplice del narcotráfico. Estas deben incluir promociones de vida saludable, protección a los usuarios limitando la disponibilidad de los psicoactivos, así como también la tarea preventiva en sus tres modalidades (universal, selectiva e indicada): el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social. El compromiso gubernamental es clave. Los adictos se encuentran con significativos obstáculos para hacer uso de los servicios de tratamientos, especialmente los geográficos, el estigma asociado a la búsqueda de rehabilitación y los altos costos. Por ello es que los tratamientos deben estar incluidos en todos los niveles de atención general y especializada del sistema de salud, con especial énfasis en la detección temprana e intervención breve a nivel de atención primaria[vii].
 
La idea es que se regule toda la cadena de valor de la marihuana: producción, comercialización y consumo. Esto contribuiría a reducir los daños a los consumidores y terceros, además de quitar a las bandas del crimen organizado y otros actores ilegales la rentabilidad del negocio. En general, y no solo para la marihuana, las políticas sobre los estupefacientes, deben elaborarse tomando en cuenta el hecho de que gran parte de los consumidores no son sujetos problemáticos desde el punto de vista social o delictivo. Un adicto es un enfermo crónico que no debe ser castigado por su adicción, sino que tratado adecuadamente. Tal como concluye el informe sobre el problema de drogas de la OEA, las medidas restrictivas de libertad son antagónicas […] y solo deberían usarse cuando esté en riesgo la vida del adicto o cuando su conducta constituya un riesgo para la sociedad[1].
 

[1] El Problema de las Drogas en las Américas. Organización de los Estados Americanos. Secretaría general, 2013. Pág. 69.

[1] Ibíd. Págs. 69-70

[1] Ibíd. Pág. 32.

[1]Piomelli D. “The molecular logic of endocannabinoid signaling”. Nat. Rev. Neurosci.2003;4 (11):873-84 en El Problema de las Drogas en las Américas. Organización de los Estados Americanos. Secretaría general, 2013 pág. 23

[1] Moore TH, Zammit S, Lingford-Hughes A, Barnes TR, Jones PB, Burke M, Lewis G. “Cannabis use and risk of psychotic or affective mental health outcomes: a systematic review”. Lancet 2007;370 (9584):319-28. en El Problema de las Drogas en las Américas. Organización de los Estados Americanos. Secretaría general, 2013, pág. 23

[1] Se ha reportado que el consumo antes de los 26 años de edad incrementa la probabilidad de presentar síntomas psicóticos entre 1.20 - 7.04 veces, e incluso más cuando el individuo presenta susceptibilidad genética. Cf Caspi A, Moffitt TE, Cannon M, McClay J, Murray R, Harrington H, Taylor A. “Moderation of the effect of adolescentonset cannabis use on adult psychosis by a functional polymorphism in the catechol-O-methyltransferase gene: longitudinal evidence of a gene X environment interaction”. Biol Psychiatry2005;57(10):Biol Psychiatry. Crean RD, Crane NA, Mason BJ. “An evidence based review of acute and long term effects of cannabis use on executive cognitive function”. J Addict Med. 2011;5(1):1-8. Fontes MA, Bolla KI, Cunha PJ, Almeida PP, Jungerman F, Laranjeira RR, Bressan RA, Lacerda AL. “Cannabis use before age 15 and subsequent executive functioning”. Br J Psychiatry 2011;198(6):442-7. Becker B, Wagner D, Gouzoulis-Mayfrank E, Spuentrup E, Daumann J. “The impact of early-onset cannabis use on functional brain correlates of working memory”. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry2010;34(6):837-45 en El Problema de las Drogas en las Américas. Organización de los Estados Americanos. Secretaría general, 2013 pág. 23

[1] El Problema de las Drogas en las Américas. Óp. Cit., pág. 23.

[1] WHO, “Global Status  Report on Alcohol and Health”,  Ginebra, Suiza, 2011. En El Problema de las Drogas en las Américas. Organización de los Estados Americanos. Secretaría general, 2013, pág. 23-24

[1] De acuerdo a la información más actualizada, correspondiente a 2010, proporcionada por la Oficina Contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, las personas  adultas que consumen una droga ilícita por lo menos una vez al año alcanzan a alrededor del 5% de la población mundial. De ellas sólo alrededor de la décima parte, aproximada- mente el 0,6% de la población adulta mundial, son consumidoras habituales y de esta última proporción un porcentaje aún menor, que no supera el 0,1%, pueden considerarse adictas

[1] El Problema de las Drogas en las Américas. Óp. Cit. pág. 67

[1] Ibíd. pág. 67-68.

[1] El Problema de las Drogas en las Américas. Organización de los Estados Americanos. Secretaría general, 2013. Pág.33. / Boletín Observatorio de Drogas. “Mercado de la Marihuana en Chile. Análisis serie 2004-2010”, SENDA, Ministerio del Interior y Seguridad Nacional, Julio 2011.

[1] Boletín Observatorio de Drogas. “Mercado de la Marihuana en Chile. Análisis serie 2004-2010”, SENDA, Ministerio del Interior y Seguridad Nacional, Julio 2011.

[1] Ley N° 20.000. Última versión 27-dic-2013. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, versión digital. Revisado el 08-08-2014.

[1] Kandel, D. (2003) “Does Marijuana Use Cause the Use of Other Drugs? JAMA, 289. P482-483 en Luengo, Daniela. ¿Es la marihuana puerta de entrada a otras drogas? Boletín Observatorio Chileno de Drogas, n° 11, junio 2012. SENDA Ministerio del Interior y Seguridad Nacional, pág. 1.

[1] Luengo, Daniela. ¿Es la marihuana puerta de entrada a otras drogas? Boletín Observatorio Chileno de Drogas, n° 11, junio 2012. Ministerio del Interior y Seguridad Nacional, pág. 1.

[1] Ibíd. pág. 8.

[1] Campero, José Carlos Et. Al. De la represión a la regulación: propuestas para reformas las políticas contra las drogas. Bogotá, Colombia, Friedrich Ebert Stiftung  (FES), 2013, pág. 54.

[1] Ibíd. pág. 57.

[1] Uprimny, Rodrigo, Diana Guzmán y Jorge Parra. 2012. La adicción punitiva. La desproporción de leyes de drogas en América Latina. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia). Bogotá pág. 5,  en Campero, José Carlos Et. Al. De la represión a la regulación: propuestas para reformas las políticas contra las drogas. Bogotá, Colombia, Friedrich Ebert Stiftung  (FES), 2013, págs. 27-28.

[1] Campero, José Carlos Óp. Cit. pág. 28.

[1] El Problema de las Drogas en las Américas. Óp. Cit. pág.75.

[1] Ibid. pág. Pág. 76.

[1] El País. 20 de julio 2014. Montevideo, Uruguay. Versión digital, revisada el 30-julio-2014.

[1]The New York Times, "Repeal Prohibition, Again" (editorial). 27 de julio 2014, Versión Digital, New York, Estados Unidos. revisado el 30-julio-2014

[1] El País. 7 de junio 2014. Montevideo, Uruguay. Versión digital, revisada el 30-julio-2014.

[1] Campero, José Carlos Óp. Cit. pág. 232.

[1] El Problema de las Drogas en las Américas. Óp. Cit. pág. 109

[1] Ídem.

 

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